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Hermosillo, Sonora, México a
 
 


El Zancudo (No mata, pero hace roncha)...Sonora: Estado fallido

Las revelaciones de ‘El Jabalí’ sólo confirmaron lo que el Departamento de Estado norteamericano advirtió desde el año pasado: el territorio mexicano lo controla el narco.

Arturo Soto Munguía / chaposoto67@hotmail.com

El Jabalí...
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En febrero del 2009, el Departamento de Estado norteamericano difundió los resultados de un estudio en el que clasifica al Estado mexicano, como ‘fallido’.

 

La clasificación considera factores demográficos, descontento social, crisis económica grave, criminalización y deslegitimación de Estado, deterioro de los servicios públicos, violación de los derechos humanos y preponderantemente, la pérdida de control sobre su territorio, a manos del crimen organizado.

 

Mucho antes de esa fecha, en Sonora ya se cumplían casi todas las condiciones que el organismo establece para esa calificación de lista negra.

 

Lo que ahora ha revelado José Vázquez Villagrán (o Villagrana), uno de los principales lugartenientes de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, detenido recientemente en Santa Ana, sólo confirma lo que el Departamento de Estado norteamericano sostiene en su estudio, y lo que la sociedad sonorense sabe desde hace muchísimo más tiempo.

 

Acusado del trasiego de al menos dos toneladas de cocaína cada mes, por vía aérea a Estados Unidos, ‘El jabalí’, alias con el que se conoce a Vázquez Villagrán reveló que a Guzmán Loera “todos le rinden cuentas”.

 

Dijo también que Guzmán Loera había girado instrucciones precisas de ‘limpiar la plaza’: “Él quería que todos se portaran bien, que no secuestraran ni robaran ni asaltaran; que a la gente que lo hiciera, había que sacarla de la plaza”.

 

El Chapo Guzmán pues, asumiendo las funciones del Estado.

 

Pero este caso ni es nuevo ni es el único.

 

En Sonora, quizá el ejemplo más escandaloso para ilustrar al Estado fallido, es aquel 16 de mayo de 2007.

 

Entonces, un convoy de al menos 15 vehículos, varios de ellos blindados y en los que viajaban decenas de hombres con tal poder de fuego que literalmente ‘tomaron’ Cananea, secuestraron a nueve personas, seis de ellos policías, de los cuales asesinaron a cuatro.

 

El convoy cruzó ‘sin ser visto’ varios municipios a lo largo de unos 300 kilómetros que recorrió antes de llegar desde Caborca a Cananea, donde mandos y tropa de la Policía Municipal literalmente ‘desaparecieron’, y la Estatal Preventiva tuvo que tomar el control de la situación.

 

Después de sembrar el terror por varias horas, el comando fue atacado por aire y tierra, por elementos del Ejército mexicano, la Policía Federal Preventiva, la Estatal Investigadora y algunas municipales, que los liquidaron ‘ejemplarmente’ (video y toda la cosa) en un cañón de la sierra de Bacoachi.

 

Los sicarios, según se supo después, pertenecían al cártel conocido como ‘Los Zetas’, trágicamente famosos por sus métodos violentos, que comenzaron a mostrar con mayor crudeza  en Hermosillo desde marzo de 2007, cuando apareció el primer Policía Municipal uniformado, ejecutado, atado de manos, encintado y con una nota amenazante, clavada en el cuerpo del agente con un puñal. También le colocaron una granada en las manos.

 

De ahí le siguió una saga sangrienta de ejecuciones y narcomensajes, donde las víctimas eran agentes de las policías municipal o estatal. Algunos de ellos, por cierto, sin vínculos probados con el crimen organizado.

 

Era la disputa por el territorio, que en la jerga narca se conoce como ‘la plaza’, y que puede ir desde el municipio más pobre, hasta la capital de cualquier estado.

 

Fue en el sexenio de Eduardo Bours cuando se recrudeció el tema de la narcoviolencia en Sonora, pero en descargo habría que decir que ni siquiera en eso fue original el exgobernador, porque los gobiernos estatales de todo el país perdieron también, en menor o mayor medida, el control de sus territorios a manos del narco.

 

La declaración ministerial de José Vázquez Villagrán, sólo vino a reforzar la certidumbre de que en Sonora, existen grandes extensiones de terreno por donde cruzan vehículos cargados con drogas e indocumentados hacia el norte, y con armas, cartuchos y explosivos hacia el sur.

 

Todo eso es un secreto a voces en Sonora, pero el único que salió a desmentir al Jabalí, fue el director de Seguridad Pública de Hermosillo, Carlos Huerta Robles, quien aseguró, respecto al control de los territorios, que en la capital sonorense “la seguridad está controlada por el alcalde Javier Gándara Magaña, y no por ningún Chapo”.

 

Esto parecería el lado chusco de las cosas, si no es por la gravedad que reviste el hecho de que el director  de Seguridad Pública de la capital de Sonora, tenga que salir a replicarle y desmentir a uno de los lugartenientes de El Chapo Guzmán que, en este caso, parece tener la verdad de su lado.

 

El ridículo hecho por Huerta Robles fue mayúsculo. Su desmentido es insostenible, a la luz de una historia larga de hechos que confirman el poder que tiene el crimen organizado no sólo en la capital, sino en todo el territorio sonorense, particularmente en la región fronteriza.

 

Para ilustrar con un botón de muestra lo anterior, en junio de 2008, Milenio publicó un reportaje que recordaba algunos eventos relacionados con el narcotráfico, donde estuvieron involucrados directores, mandos medios y agentes de diferentes corporaciones policiacas: ‘En Sonora, 25 municipios panistas bajo el control del narco’, se tituló el reportaje.

 

Entre esos municipios se enlistaba Hermosillo lo mismo que Bacoachi; Agua Prieta lo mismo que Cajeme; Cananea lo mismo que Caborca y una larga lista hasta compeltar 35, de los cuales, 25 eran gobernados por el PAN en ese momento.

 

El trabajo periodístico hace un somero recuento de los personajes de la vida pública sonorense, desde Hermosillo hasta Ónavas, que se han visto involucrados en hechos delictivos ligados al narcotráfico.

 

Y el recuento es largo, pero sobresale el caso del ‘Cuarto pasajero’, maravilloso manual de cómo pedirle disculpas a un ‘narco pesado’, méritos curriculares de quienes están a cargo de la seguridad pública en el gobierno de Guillermo Padrés.

 

El rosario de nombres comienza con los ex alcaldes de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela y María Dolores del Río, así como sus jefes de policía, Manuel Portillo Guevara y Sergio Encinas Meléndrez.

 

Pero en la lista destacan personajes como Sóstenes Valenzuela Miller; Jesús Félix Holguín y su condecorado jefe de policía, Salvador Espinoza, a la sazón cabecilla de la banda que perpetró el llamado ‘Robo del siglo’, a una empresa de seguridad privada (Sepsa), donde lograron un botín de 144 millones de pesos.

 

En Caborca, el alcalde Héctor Cáñez Ríos y su jefe policiaco, Sergio López Portillo, así como quienes los sucedieron en sus respectivos cargos: Hernán Méndez Oroz y Gilberto Abril Cota.

 

Todos se vieron involucrados en una confrontación con los mandos militares en la zona, que encontraron armas, droga y vehículos robados en sus oficinas.

 

Los nombres siguen: Francisco García Gámez, alcalde de Cananea y su jefe de policía, Ramón Tacho Verdugo, ejecutado meses después.

 

David Figueroa Ortega, hoy cónsul de México en San Francisco, quien fuera atacado a balazos en dos ocasiones, de las que salió vivo de milagro, es citado como alcalde de Agua Prieta, junto a su jefe de policía, Germán Soto López, ejecutado de tres balazos en Ciudad del Carmen, meses después.

 

La lista es más larga, y en ella aparecen muchos de los personajes que el gobierno de Guillermo Padrés mantiene vigentes en la función pública.

 

Con todos esos antecedentes, el caso de Nogales es quizá el más dramático.

 

En esta fronteriza ciudad, nada más en lo que va de este año que apenas comienza, suman ya 65 hombres y mujeres ejecutadas sanguinariamente. Las balaceras y el terror son las constantes en las calles de la ciudad, y el Departamento de Estado norteamericano acaba de incluirla en su “alerta de viaje” para ciudadanos estadunidenses, como una ciudad de alto riesgo junto con Tijuana, Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez y Chihuahua.

 

En materia de seguridad pública, el gobernador Guillermo Padrés tiene una de las asignaturas más complejas de su administración. Lamentablemente, no se ve por dónde pueda comenzar a desenredar la madeja, considerando que la fórmula para resolver estos problemas, incluye a los mismos personajes que desde hace años, son parte del problema y no de la solución.

 

Nota: Esta columna la podrá usted encontrar, a partir de ahora y hasta que el cuerpo aguante, en los siguientes portales:

www.dossierpolitico.com

www.elchiltepin.com.mx

www.marquesinapolitica.com

www.percepcionsonora.com

www.depoliticaymas.com

 

 

 

 

 
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